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El estudio, basado en un grupo representativo de 1.200 refugiados, 800 personas desplazadas en el interior del país y 500 personas residentes que son casos sociales vulnerables, demuestra que la calidad general de vida es peor entre las personas que integran el último grupo, las más de las cuales tienen poco o ningún ingreso económico y tampoco ahorros, con respecto a las personas que integran los dos otros grupos, quienes reciben mayor ayuda humanitaria. El estudio también indica que la propagación de la pobreza imposibilita a las familias continuar albergando a las personas desplazadas en el interior del país. Por ejemplo, 47% de la población que vive en los centros colectivos (expresión utilizada para designar los emplazamientos temporales, que suelen ser escuelas o salas de deporte, para albergar a las personas desplazadas y refugiados) estuvo, al principio, albergado en casas de familias -los más de los casos, familiares- y en algunos municipios, se prese ntan hasta 400 solicitudes de albergue en los centros colectivos.
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