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Nuestra campaña para luchar contra la privatización de los sistemas de educación pública, que constituye una de las prioridades principales que debemos impulsar, abarca una amplia gama de desafíos a los que se enfrentan los educadores de todo el mundo. Es por este motivo que nuestra editora invitada, Carol Anne Spreen, de la Universidad de Nueva York, ha reunido a un grupo heterogéneo de colaboradores que han ilustrado con gran claridad el alcance del desafío con el que se enfrentan muchas de nuestras afiliadas. Esta edición, que reúne las perspectivas del mundo académico, las aulas y los sindicatos de los docentes, ofrece una amplia visión sobre cómo la privatización afecta a los docentes, a los estudiantes y a la educación pública en su conjunto. Asimismo, al abordar tanto la campaña propiamente dicha como las empresas que intentan sacar provecho de nuestros sistemas públicos o los esfuerzos que se están realizando por aplicar la legislación destinada a proteger la educación pública, aporta una clara visión no solo de la amenaza que representan los intereses corporativos, sino también de los esfuerzos mundiales en curso por derribarlos. Cuando las Naciones Unidas establecieron un programa de desarrollo mundial el pasado mes de septiembre y declararon que la educación primaria y secundaria debían ser gratuitas, reforzaron la importancia de la educación pública. Sin embargo, demasiados países avanzan en la dirección contraria. Las autoridades están subcontratando la educación financiada con fondos públicos a empresas con ánimo de lucro a un ritmo alarmante. El axioma parece ser: hay que pagar para aprender. En las naciones más pobres del mundo, la educación denominada “de bajo coste” tiene un precio que va en constante aumento para aquellas personas que no se la pueden permitir. Incluso allí donde la educación pública sigue siendo fuerte, estamos siendo testigos de la influencia de las compañías privadas a través de las evaluaciones y los currículos académicos. Hay que poner fin a la mercantilización de la educación pública y es por ello que el Séptimo Congreso Mundial de la Internacional de Educación aprobó el pasado mes de julio una resolución para contrarrestar la oleada de privatizaciones. Es evidente que no queremos que las corporaciones administren las escuelas sobre una base lucrativa como si fueran un negocio e incrementen la desigualdad social, no queremos que establezcan en ellas cadenas de suministro ni que invadan el
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