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Otro tema bien distinto es que tanto Aznar como Zapatero no profundizaron en el camino emprendido. La responsabilidad de la ruptura de ambas treguas, especialmente de la de 2006, corresponde a ETA, quien no tenía ni tiene ninguna legitimidad para ejercer la violencia contra la opinión inmensamente mayoritaria de la ciudadanía vasca que le exige un final definitivo y unilateral. Ahora bien, los presidentes Aznar y Zapatero debían haber aprovechado la oportunidad para garantizar el respeto a los derechos humanos vulnerados o amenazados. El final de la dispersión, la puesta en libertad de enfermos graves e incurables, la prevención de la tortura o la legalización de Batasuna son cuestiones que afectan a los derechos y libertades democráticas básicas y son exigibles en cualquier momento y circunstancia, con o sin tregua de ETA. En cualquier caso, en un momento de oportunidades para la paz, estas medidas habrían sido una gran contribución. En este ámbito Aznar y Zapatero se comportaron de manera cicatera, usando los derechos humanos como bazas negociadoras.
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