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Los derechos lingüísticos provocaron un gran debate político antes y después de la Confederación. La Constitución de 1867 recogía garantías limitadas para ingles y francés pero el régimen resultó un fracaso. Desde entonces, todos los debates constitucionales han girado en torno a los derechos lingüísticos. A la ley federal de lenguas oficiales de 1968 siguieron legislaciones provinciales en materia lingüística. El Tribunal Supremo de Canadá se convirtió en el agente principal del debate y la resistencia por parte de las provincias acarreó un papel intervencionista mayor para el Tribunal.
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