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El 14 de marzo de 2013 la Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, ACCO) inició un proceso de investigación de determinadas conductas llevadas a cabo por el COEC que podían ser consideradas contrarias a la competencia y al libre mercado. El 9 de julio de 2015, la ACCO, a la vista de la información y documentación recopilada, acordó incoar un expediente sancionador contra el COEC. A requerimiento de la ACCO, el COEC aportó más documentación y datos. Las nuevas diligencias de investigación llevadas a cabo por la ACCO llevaron a este organismo a considerar confirmada la existencia de indicios de infracciones de la normativa de defensa de la competencia.
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