|
|
En primer lugar, y con una perspectiva fundamentalmente preventiva, es decir, dirigida a frenar el crecimiento de la exclusión, habría que modificar las desiguales relaciones en las que se produce el reparto del producto en nuestras sociedades, lo que implica frenar la cada vez mayor precarización del trabajo y reconocer formas de actividad que van más allá del empleo remunerado. Un número importante de la población vulnerable y excluida trabaja, pero su trabajo está insuficientemente remunerado o es inestable o no está reconocido. Asimismo debe llevarse a cabo una renovación de los sistemas de protección social para adaptarlos a las nuevas necesidades sociales que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, los procesos migratorios, el debilitamiento de las redes sociales y de parentesco y la mayor discontinuidad de las trayectorias laborales. A inicios de 2008, los informes de Foessa, Caritas y la OCDE recogían índices de pobreza del 20% de la población en el Estado Español, lo que significa unos ocho millones de pobres, una de las cifras más altas de la UE. Según los últimos datos de la OCDE el porcentaje habría llegado al 30%, unos 13 millones, casi al mismo nivel que los países de la OCDE. Según el Banco de España, en el año 2002, el 20% de los hogares más pobres percibía una renta de 8.700 euros anuales, mientras que el 10% de las familias más ricas percibía 85.100 euros. Pues bien, en el año 2005, el 20% de los hogares más pobres percibía 6.900 euros, mientras que el 10% más rico alcanzaba 85.800 anuales, lo que muestra que la injusticia social no para de aumentar.
|
