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The amount of irregular constructions located thanks to the ‘regulatory campaign’ implemented by the Spanish treasury department in 2013 is extraordinary, as are the funds raised by the IBI (real estate taxes) levied on actions as common as house extensions, the enclosing of balconies, the roofing of attics, undeclared swimming pools, square meters reclaimed from gardens.
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En la atribulada pero también ingeniosa España de hoy, satélites y drones han demostrado ser ojos panópticos que no sólo cartografían el territorio, sino que también saben ver, por decirlo así, buenas oportunidades de negocio. Los números lo demuestran. El monto de las construcciones irregulares detectadas gracias a la “campaña de regulación” iniciada por el Ministerio de Hacienda en 2013 es extraordinario, como lo es también la recaudación debida al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicado sobre intervenciones tan comunes como la ampliación de viviendas, el cerramiento de terrazas, el techado de áticos, las piscinas no declaradas o los metros ganados al jardín. Una vez barrido, vía inspección cenital (ya sea por satélite o dron), el 82 % del padrón de todo el territorio nacional, el monto de alteraciones fraudulentas asciende a los 1,7 millones de inmuebles, lo que supone el 8,6 % de todos los activos y una cifra de impuestos extraordinarios (o mejor dicho, de impuestos ordinarios actualizados por métodos extraordinarios) de 1.254 millones de euros. Se trata, además, de cantidades recaudadas con una tasa de retorno no menos extraordinaria, pues se estima que cada euro invertido en el plan de regularización ha producido otros dieciséis en ingresos.
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