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More than a million pages had been catalogued, representing nearly all the political cases (707 in full and dozens of others in part) that passed through the military justice system between April 1964 and March 1979 ( ARNS, 1985, p. 22 ). Released in July 1985 by the Archdiocese of São Paulo, the book
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En junio de 2008, una tentativa de condena de crímenes de la dictadura comenzó a ser desarrollada por el Ministerio Público Federal, cuando un procurador de la República de la Ciudad de Uruguaiana, al sur del país, requirió a la Policía Federal la apertura de una investigación para esclarecer el secuestro y desaparición en 1980 de un militante de izquierda ítalo argentino, y de un padre argentino, en la frontera de Brasil con Argentina, y la supuesta implicación de agentes, civiles y militares, de la dictadura. Los crímenes habrían sido cometidos dentro de la Operación Cóndor, y hace años que vienen siendo investigados por la lusticia italiana, que ya averigua a más de una decena de integrantes del aparato represivo brasileño y exige un juicio para los acusados. El caso sigue en proceso. En octubre del mismo año, el coronel jubilado Carlos Alberto Brilhante Ustra fue considerado responsable de prácticas de secuestro y tortura durante el régimen militar por la justicia, en una acción promovida por cinco integrantes de una misma familia, los Telles. Fue el primer reconocimiento oficial, por parte del Estado brasileño, de que un militar de alto rango participó de manera efectiva en acciones de tortura contra civiles. Tramitada en la esfera civil, la acción, de carácter meramente declarativo, buscaba el reconocimiento de la existencia de tortura y, por tanto, de la existencia de daños morales y a la integridad física de las víctimas, pero no implica condena o indemnización pecuniaria. La decisión se dio en primera instancia, y todavía puede recurrirse.
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