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1. El 4 de diciembre de 1986 y tras varios años de muy laborioso trabajo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo fue aprobada por una aplastante mayoría de Estados, o sea, por 146 votos a favor, sobre los 155 expresados, una decena de abstenciones y una sola oposición, la de los Estados Unidos. Este documento, que reafirma, alto y fuerte, el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y elegir libremente el sistema político, económico y social que les convenga, ofrece, como alternativa a la competencia entre los países, su cooperación para orientar el desarrollo hacia el noble objetivo de una plena satisfacción de todos los derechos humanos a escala del planeta entero. Un desarrollo en cuyo centro se sitúa al ser humano, sujeto y actor, por la acción colectiva y democrática, en todos los dominios de la vida social, especialmente en la producción. Veinte años después, este texto, que ni siquiera ha sido objeto de una conmemoración oficial, se diría que es letra muerta. Pese a ello, y mientras el grupo de trabajo constituido para ponerlo en aplicación se enreda en un debate de más en más escolástico, su contenido parece, en revancha, haber empezado a echar raíces en el terreno de la palpitante actualidad. Muy notablemente, en América Latina, con iniciativas como la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA (alba significa, en español, la primera hora, el comienzo del día).
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