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En principio, solo los órganos judiciales pueden decidir sobre la indemnización de daños y perjuicios. No obstante, también existe un procedimiento administrativo, que puede evitarte los inconvenientes de acudir a la vía judicial. Por este medio se tramitan las reclamaciones que las personas consumidoras y usuarias presentan contra empresas y profesionales ante las administraciones públicas con competencias en materia de consumo. Consiste en intentar una mediación entre las partes en conflicto. Esa mediación tiene carácter voluntario para las partes.
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