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(1) Los derechos de propiedad intelectual (DPI). Todos los proyectos europeos exigen la participación de empresas e instituciones de diferentes países para que consorcien sus esfuerzos. Inmediatamente aparece el problema crucial de los DPI. “¿Cuánto podemos contar de nuestra investigación a socios “extranjeros” que podrían aprovecharla o pasar datos claves a otros competidores?” La duda se resuelve por lo sano: no se pone sobre la mesa la información más importante. O, como dice socarronamente Jean Marie Laporte: “Nunca podemos utilizar el último chip, siempre nos ofrecen el modelo antiguo.” Cuanto más grande es la empresa involucrada, más poderosa es su negativa a revelar lo que considera secretos industriales, lo que puede llevar o al retraso ostensible del proyecto o, directamente, a su paralización. ¿Solución? Por ahora, no hay solución. A menos que se considere como tal el hecho de que el flujo real de información discurra entre empresas norteamericanas y europeas más que entre éstas. Un capítulo aparte merece la protección de los datos, es decir, la cacareada seguridad de las redes. En estos momentos, el intento de desarrollar una red de ATM de 155 MB por radio (proyecto alemán), por donde toda la información circularía encriptada, ha chocado con la inmediata exigencia del gobierno británico de que los gobiernos deben poseer las claves para descifrar los mensajes. Los bancos alemanes, principales promotores del proyecto, se han negado en redondo a semejante solicitud. Resultado: todos quietos parados.
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